Marta Castillo es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, empezó en una asociación de jóvenes con discapacidad física y orgánica de Granada, ‘Pisando Fuerte’. Primero como socia y luego como directiva, desde donde pasó a ser miembro de la Federación Granadina de Asociaciones de Discapacidad Física y Orgánica -FEGRADI-. Esto lo compaginó con su etapa laboral como orientadora en programas de empleo para personas con discapacidad.
Desde hace nueve años ocupa la presidencia de FEGRADI y desde hace cuatro la de CERMI-Andalucía.
¿Qué es CERMI-Andalucía y cuáles son sus funciones?
Es la entidad que representa al colectivo del movimiento asociativo de personas con discapacidad. Está formado por 18 entidades y cada una representa a un tipo de discapacidad. Su papel es actuar de interlocutor principal con la Administración y trasladar todas las necesidades de las personas con discapacidad en general. Este año hace 25 que se creó.
¿Cómo está articulado el movimiento asociativo en Andalucía?
El movimiento asociativo en Andalucía está muy bien articulado y estructurado. Eso facilita mucho el trabajo diario. No obstante, tiene un hándicap y es que tiene que aglutinar a toda la discapacidad en general y cada una tiene unas necesidades.
CERMI debe llegar a acuerdos para ver lo que tiene que trasladar o reivindicar en cada momento.
Ahora, por ejemplo, con la financiación, todas las entidades están en eso. Pero, por ejemplo, cuando trabajamos el empleo, tenemos los centros especiales de empleo, el empleo con apoyo, etc. Si trabajamos la orientación laboral, tenemos que ver las adaptaciones de los puestos de trabajo, porque cada discapacidad tiene unas necesidades diferentes.
¿Cómo es la situación en otras autonomías?
Hay comunidades que están muy bien en unas cosas y peor en otras. Nosotros no somos ni los mejores ni los peores, pero al ser Andalucía la comunidad autónoma con más extensión y población, en todas las valoraciones y encuestas salimos a un porcentaje muy destacado. Eso hace que Andalucía sea como una comunidad referente.
Luego, en el tema que nos compete ahora mismo, hay comunidades que tienen una financiación mucho mejor que la nuestra, con unos programas y una sostenibilidad mucho más garantizada. También hay otras que no, que no tienen para nada los servicios o la infraestructura que tenemos nosotros.
¿Cuál es la reivindicación sobre financiación?
El objetivo principal es crear un modelo de sostenibilidad. Llegar a un sistema de financiación que nos dé una garantía presupuestaria. También un concierto social, que supone que en el momento que hay un cambio de los precios, por ejemplo, en la subida del salario mínimo interprofesional o del IPC o como el año que viene que se va a subir el convenio salarial, automáticamente haga la subida y no haya que estar negociando. Eso nos daría una garantía, una seguridad y una estabilidad para los servicios que prestamos.
¿Cómo se ha llegado a esta situación?
Todos somos conscientes de que desde la historia de la creación de los Servicios Sociales, han estado infrafinanciados. Siempre, la financiación ha sido por debajo del coste real. En los últimos años, ese déficit ha aumentado por la subida del IPC, la inflación, el salario mínimo… Además, se han dado ayudas a las que las entidades sin ánimo de lucro no hemos podido acceder, como por ejemplo la ayuda a los combustibles, por ser entidades sin ánimo de lucro. Todo eso va sumando, junto a la subida de la electricidad y la inflación en general, y eso ha llevado a que ese déficit aumente. Por otro lado, otro tema que nos preocupa es a partir del 2025, cuando tengamos que aplicar esa subida del convenio colectivo si no se nos aumenta la financiación.
¿Por dónde puede empezar a desmoronarse la red de servicios?
Pues empezarán con los servicios menos numerosos. Por ejemplo, los servicios de rehabilitación o terapia tendrán que ir reduciéndose. Si el o la terapeuta tiene que ir reduciendo la jornada laboral a lo largo del tiempo, puede terminar desapareciendo. Y cuando seamos conscientes, muchas personas con discapacidad van a estar en su casa, van a dejar de tener los servicios que necesitan y va a haber un empeoramiento en salud.
¿Cómo se dio la primera acción de reivindicación del jueves 24 de octubre?
La respuesta del movimiento asociativo ha sido un éxito total en todas las provincias, en todas las entidades. Hemos contabilizado miles de fotos en la puerta de los centros con la pancarta y leyendo el manifiesto por una financiación justa, que han llegado a CERMI y se han publicado. Nosotros creemos que esto es una cosa de todos y todos tenemos que estar involucrados en esta lucha que estamos teniendo.
¿Se espera que se empiece una mesa de negociaciones?
Los presupuestos generales se van a aprobar, porque además hay mayoría en Andalucía. Para el 19 de diciembre será la aprobación total. Yo soy positiva y pienso que sí va a haber una interlocución. Que ya la hay, pero debemos crear una mesa de negociación y desarrollo del modelo de sostenibilidad. Es el momento de decir que así no podemos continuar, porque esto no es positivo ni para nosotros ni para la Administración. Lo que no podemos es estar todos los años negociando con la Administración una subida del coste plaza y de los presupuestos para las subvenciones de las entidades.
¿El 3 de diciembre es la gran cita de toda Andalucía frente al Palacio de San Telmo?
El día 3, cuantas más personas seamos mejor, porque hay que dar visibilidad al colectivo. El objetivo de esta movilización es, primero, dar visibilidad de todos los que somos y a todos los que nos afecta. Y todos los que estén ahí para apoyarnos, pues mucho mejor. Creo que no interesa a nadie, no se trata de una lucha ni de una batalla. Siempre lo traslado al gobierno, que aquí no venimos a pelearnos, venimos a sentarnos y a trabajar juntos para desarrollar lo que nos interesa, pero es que nos interesa a las dos partes.
