Antonio Jesús Fernández Brioso es padre de Enrique, un joven con discapacidad intelectual de 15 años, y presidente de la asociación Afanas Sanlúcar, Chipiona, Rota y Trebujena. Tiene 47 años, es director de la televisión local de Sanlúcar de Barrameda y ha alternado trabajos en medios como La Ser y el grupo Joly. En la actualidad compagina su desempeño en la televisión, con sus responsabilidades familiares, la representación en Afanas y, desde junio pasado, en Plena Inclusión Andalucía.

En el mes de noviembre, la federación nos pedía a las entidades participar en una movilización para reivindicar la mejora de la financiación de los centros de atención a personas con discapacidad intelectual. ¿Cómo ha sido la respuesta a esta petición?

En primer lugar, quiero agradecer al equipo de redacción de este boletín en particular y a Paz y Bien en general, la invitación a participar en esta entrevista. La respuesta ha estado a la altura del proceso de información y participación que se organizó desde la Federación. Cuando la información fluye de manera transparente y participativa siempre se obtiene una buena respuesta. En todo momento las acciones han sido planificadas y desarrolladas de la mano de las entidades que reunidas en el ámbito de sus provincias primero, y de la asamblea general extraordinaria celebrada en Antequera después, han ido guiando los pasos de la junta directiva. Por lo tanto, estamos muy orgullosos del proceso y de la respuesta de las entidades.

Apenas unas semanas después se anunciaba un acuerdo entre CERMI y la Junta de Andalucía que daba por finalizadas las acciones de protesta. ¿Qué valoración hace Plena Inclusión de este acuerdo?

La asamblea extraordinaria celebrada en diciembre, tras esa firma, dejó claro el sentir de las entidades que componen la familia de Plena Inclusión Andalucía. Para valorar el documento, primero hay que ponerlo en perspectiva. Partimos de una situación de déficit estructural motivado por la insuficiente financiación de los servicios desde 2012, año en el que quedaron congelados los precios. En los últimos años se han realizado algunas actualizaciones, aunque muy lejos de las subidas experimentadas en los costes laborales por el impacto directo del XV convenio colectivo y las tres subidas del SMI llevadas a cabo. Ante una situación de auténtica axfisia económica, la federación puso el foco en la sostenibilidad del sector, un concepto que va más a allá del coste plaza, algo que desgraciadamente no se refleja en el documento. Por ello, la valoración no puede ser satisfactoria como ya quedó claro en la asamblea.

Teniendo en cuenta el descontento con el mismo, ¿tiene Plena Inclusión intención de tomar alguna medida al respecto?

Plena Inclusión Andalucía seguirá la hoja de ruta que marquen sus entidades miembro. Indudablemente, el objetivo de la sostenibilidad del sector no se ha alcanzado y por ello seguiremos trabajando para que se garantice que las entidades que prestan un servicio, que por ley corresponde a las administraciones públicas, no dependa de la beneficencia o de la buena voluntad de familiares que en los años 80 tenían que salir a la calle con huchas petitorias para dar una vida digna a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

De las 114 asociaciones que forman la federación andaluza, ¿cuántas de ellas están en peligro si no se alcanza la cota de financiación solicitada por Plena Inclusión?

La situación de las entidades es muy diversa. Si realizamos un análisis de los servicios vinculados a la dependencia exclusivamente, aplicamos el coste plaza a cada uno de ellos y cumplimos con todos los requisitos exigidos por la administración en relación a la ratio de personal, calidad y convenio colectivo, el déficit del servicio va desde el 16% en entidades hasta el 32% de otras, es decir que son servicios deficitarios para todas las entidades.

A raíz de la pandemia, ¿hay asociaciones que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad?

La pandemia supuso un impacto personal, primero, y económico después. Afortunadamente los gobiernos han sido sensibles a esta realidad y en este tiempo se han realizado tres ingresos extraordinarios para gastos Covid. Por ello creo que no debemos dejar pasar la oportunidad de agradecer el esfuerzo realizado en este sentido.

En su comparecencia en la Mesa sobre la Discapacidad de Andalucía del Parlamento puso sobre la mesa el origen familiar de la mayoría de las entidades que prestan servicios a las personas con discapacidad. ¿Cómo cree que debería ser el modelo para que esto cambie?

El problema de la sostenibilidad del sector no esta en el modelo de las entidades, el principal obstáculo está en la percepción que tienen de nosotros las administraciones. Históricamente el movimiento de familias ha liderado la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad y hemos asumido responsabilidades en pro de una mejor calidad de vida de nuestros familiares. La administración ha comprobado cómo nuestra gestión multiplicaba 1 euro convirtiéndolo en 4, han constatado que el trabajo honrado y trasparente de nuestros profesionales y nuestros dirigentes ha ido cubriendo las necesidades que una sociedad en crecimiento iba demandando. El modelo asociativo ha demostrado con creces que funciona, lo que queremos es que las administraciones pongan todas las herramientas necesarias para que la sostenibilidad esté garantizada en la misma ley y de la misma manera que se consagran los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo para que disfruten de vidas plenas y en comunidad con apoyos cada vez más personalizados. Es importante garantizar la sostenibilidad del sector para y poder comenzar a trabajar de manera conjunta con las administraciones en el tránsito hacia un modelo de apoyos y servicios que se centran en las personas, pero insisto para ello es vital una financiación pública que garantice el compromiso social, el diálogo y, por supuesto, los derechos de las personas con discapacidad intelectual.

Aludía a que ninguna multinacional podría aportar la calidad y calidez que estas entidades ofrecen a sus familiares. ¿Cómo ve el sector a futuro para que sea sostenible pero sin perder humanidad?

Desde Plena Inclusión venimos trabajando en un modelo de atención centrado en los apoyos a las personas dependiendo de su voluntad y sus necesidades. Mientras Europa nos invita y anima a la transformación de los servicios, en Andalucía seguimos hablando de coste plaza, ratios y certificados de profesionalidad. El futuro se escribe a diario, pero desgraciadamente la maquinaria de la burocracia lo hace todo mucho más lento. Las entidades estamos en constante evolución, tenemos claro el camino y solo necesitamos que la administración blinde el sector de eventuales subidas de IPC, convenios colectivos o SMI. Nosotros, como siempre, seguiremos ofreciendo la calidad y calidez que se merecen los nuestros.

¿Dónde cree que se debe incidir de manera primordial para alcanzar el objetivo de inclusión plena de las personas con discapacidad intelectual en todos los planos de la sociedad?

La plena inclusión no es una utopía, es un camino que el hombre siempre ha recorrido desde el inicio de los tiempos, va en nuestro ADN y forma parte de la evolución de las sociedades. Por ello, el esfuerzo debe centrarse en no abandonar ese camino, hacerlo universal, transversal y sobre todo posible, porque “establecer metas es el primer paso para convertir lo invisible en visible”.